Ayer ACYMA participó de una reunión convocada por la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor para tratar el análisis y la implementación de la Resolución 267/2024 relacionada con la prohibición a las provincias y los municipios a cobrar tasas o impuestos adicionales en las facturas de los servicios públicos.
La norma establece que la información de los comprobantes emitidos por proveedores de bienes y servicios, “deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor y suministrado por el proveedor, no pudiendo contener sumas o conceptos ajenos a dicho bien o servicio”.
El debate resultó enriquecedor. El criterio de las Asociaciones de Consumidores de todo el país es unánime dirigido a ejecutar medidas que refuercen la efectiva aplicación y cumplimiento de la norma.
